¿Por qué cierran los hogares de menores en Extremadura?

Publicado en El Salto Diario en co-autoría con Andreu Sánchez García

Hasta la fecha, existían en nuestra región nueve pisos para menores tutelados por la Junta de Extremadura; cuatro de ellos en Badajoz, dos en Cáceres y el resto repartidos entre Mérida, Almendralejo, Montijo y Malpartida de Cáceres y Calamonte. Hogares limitados a seis plazas con el objeto de dar una mejor calidad de vida a esas pequeñas personas necesitadas de protección y en clara situación de vulnerabilidad; hogares que, de acuerdo a informaciones de los propios afectados, en los últimos meses han ido, en lento goteo, desapareciendo: los de Cáceres, Badajoz y Calamonte ya están cerrados, Mérida lo será a final de mes y, en relación a Cáceres, fue cerrado en diciembre el que estaba gestionado por la Asociación Anagénesis, financiado por la Dirección General de Política Social y Familia del Gobierno de Extremadura mediante convenios específicos.

El gobierno de nuestra región, con buen criterio, ofrecía a los menores retirados por su superior interés del entorno familiar, o que han quedado en situación de soledad, una opción para que pudieran tener cubiertas “todas sus necesidades en un ambiente de seguridad, protección y afecto, asegurándoles un desarrollo integral de su persona”, como literalmente reza en la web de la Junta de Extremadura. (ver aquí)

Y es que tanto la literatura, desde hace 200 años, como la aproximación de los estudios pedagógicos a la mayor parte de la población por unos medios de comunicación sensibilizados en la materia, nos vienen alertando de las secuelas afectivas derivables de la estancia en un centro-institución (soledad, inadaptación, problemas de socialización, etc.).

En este sentido, buscando en la web, se puede encontrar el testimonio de una “niña de la Junta” aparecido en 2016 en el diario HOY (leer aquí). Allí, Carmen de la Marta, que vivió sus primeros 14 años en centros de menores nos relata en primera persona: “La parte emocional es nula. Siempre tienes una educadora de referencia, por si te pasa algo, estás mala o necesitas un beso. Pero aún así no dejaba de ser una educadora para 20 o 30 niños. En el San Juan Bautista, cuando yo estuve hace 20 años, podía haber entre 400 y 500 niños. La relación no va más allá porque no puede ir más allá”.

Las observaciones realizadas por psicólogos de diferentes escuelas y procedencias nos indican que para el correcto desarrollo emocional de los menores que han vivido y viven situaciones de desamparo, es necesario evitar largos periodos de institucionalización, favorecer su adaptación social y su autonomía personal y lograr ofrecerles un ambiente lo más similar posible a un ambiente familiar.

Así, aunque los pisos para menores tutelados por la administración no pueden ser un sustituto a la familia, sí ofrecen un necesario espacio de convivencia favorecedor de la autonomía, tal como sucede en el núcleo familiar, donde todos sus miembros pueden hacerse cargo de las tareas domésticas y esforzarse por tener una convivencia armoniosa, redundando ello en una buena construcción de la autoestima.

Y, sin embargo, los pisos para menores se están cerrando en Extremadura. Los niños y niñas que estaban en esos pisos vuelven a los centros de menores, vuelven a vivir una vida institucionalizada. ¿Por qué? Los pisos tutelados están pensados para la infancia a la que se prevé una larga institucionalización, ya que no existe una alternativa familiar, o para aquellos grupos de hermanas y hermanos a los que debemos garantizar su vinculación afectiva. ¿Acaso ya no tenemos menores a los que garantizar esto?

El Fondo Social Europeo podría reclamar a Extremadura el importe de las cuantías que se hayan aportado a los proyectos alegando incumplimiento de contrato
En relación a los problemas derivados de la financiación de los hogares cerrados, también existen incógnitas por desvelar. El dinero para el sostenimiento de los pisos para menores tutelados proviene, principalmente, de Europa, y en concreto del Fondo Social Europeo y de los fondos FEDER, según está informado en la propia web de las fundaciones que han asumido la gestión, existiendo otra parte destinada desde los presupuestos autonómicos extremeños. La gestión de los pisos sale a licitación pública, pagando a las entidades que consiguen el contrato con dinero proveniente de la Unión Europea expresamente dedicado a este fin, siendo por ello que solo pueden ser cerrados por un expediente administrativo o por finalización del acuerdo.

En el caso de clausura por el mencionado expediente administrativo, entendiendo que cada caso tendrá sus particularidades (no es una única entidad la que gestiona todos los centros) pudiera darse la circunstancia de que el Fondo Social Europeo sancionase a la administración de Extremadura por haber realizado un mal uso de los fondos destinados a garantizar el mayor interés de aquellos de nuestros menores que se encuentran bajo la tutela de su administración. En la misma línea, el Fondo Social Europeo podría reclamar a Extremadura el importe de las cuantías que se hayan aportado a los proyectos alegando incumplimiento de contrato.

Nos gustaría que el sistema fuera otro. Nos gustaría que se revisara muy bien cada caso y se buscaran soluciones de acompañamiento a las familias antes de dar el paso de tutelar a un menor… Pero, en el actual estado de cosas, fundamentalmente nos preocupan los menores que estaban disfrutando de una vida en un entorno más amigable y ahora están siendo devueltos a los mucho más institucionalizados centros de menores. Si las circunstancias han cambiado para la Administración, nuestros menores deberían disponer de una alternativa adaptada a las mismas pero de iguales características a las previas y con idénticos criterios pedagógicos y asistenciales.

A la incertidumbre frente a los cierres, debemos añadir una pregunta de índole jurídico-administrativo: si la tutela y posterior envío a pisos tutelados se produce bajo supervisión y en cumplimiento de resoluciones judiciales, ¿cómo es posible el cierre y el retorno en algunos casos a familias que siguen siendo desestructuradas?, ¿se han producido los cierres con conocimiento de los jueces? En este sentido, tenemos conocimiento de la presentación de una pregunta en la Asamblea de Extremadura por parte del Grupo Parlamentario de Podemos Extremadura ante la Consejería de Sanidad y Políticas sociales, pregunta que se encuentra a la espera de respuesta oral en la comisión correspondiente. La Administración debiera responder todas y cada una de las cuestiones planteadas.

Publicado por carmenibarlucea

Narradora (por escrito y de viva voz). Me gano la vida contando cuentos de la tradición oral pero también me gusta escribir mis propias historias. Activista por los derechos de las personas y de los animales.

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