¿Una Ley de Minas inconstitucional?

Publicado en El Salto Diario

Ecologistas en Acción ha presentado en Cáceres su propuesta para la modificación de la actual Ley de Minas, del año 1973. La propuesta incluye una subida de los impuestos de explotación de los recursos públicos no renovables, que debería pasar del 1% actual (el más bajo en el mundo) al 10%.

En el Ateneo de Cáceres, la abogada ambientalista de Ecologistas en Acción Elena Solís presentó a la sociedad extremeña la propuesta de modificación de la Ley de Minas que han elaborado desde el Grupo de Minas de esta organización, y que tiene su base jurídica en el artículo 149.1.13ª, 15ª, 25ª y 26ª de la Constitución.

La cantidad de proyectos mineros en el Estado español es muy preocupante. Extremadura, con sus 250 proyectos de investigación, es la región más afectada por esta nueva realidad, seguida de Andalucía y Castilla La Mancha. Y esto tiene tres razones complementarias: una es nuestra vigente Ley de Minas, que fue redactada y aprobada en 1973; la otra, la subida del precio de los metales en el mercado bursátil internacional; y la tercera, que la UE ha hecho una apuesta decidida por la minería en los últimos años. 


Elena Solís nos hizo notar lo primero, que tenemos una Ley de minas preconstitucional y muy probablemente inconstitucional. Una Ley fruto de la mentalidad ultradesarrollista de aquella época, y que permite abrir todo el territorio del Estado español a la exploración de yacimientos mineros. Es una Ley perfecta para la industria minera, pero también para la especulación económica, donde encaja muy bien el fenómeno de las inversiones perezosas (aquellas que producen rentabilidad con poco esfuerzo) del mercado actual.

Aunque la UE hace de la minería una línea de producción prioritaria, no podemos obviar que los países más afectados por la minería son Portugal, España, Finlandia e Italia, lo que es en sí mismo muy significativo.

Y nuestra actual Ley de Minas se lo pone fácil, ya que parece haber sido dictada por las empresas extractivas para facilitar al máximo las concesiones, sin dar opciones reales a las personas que habitan el territorio ya que contempla la expropiación forzosa del terreno, atendiendo a la “utilidad pública” que la Ley asigna a las explotaciones mineras. Esto va en contra del Convenio de Aarhus que España ratificó en 2014 y que establece el acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Antes de resumir (mucho) las propuestas de modificación que desde Ecologistas en Acción nos han presentado, es importante señalar que han sido presentadas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio para la Transición Ecológica, así como a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, y han sido (por orden alfabético) Ciudadanos, EQUO, Izquierda Unida y Podemos quienes han respondido, sin haber obtenido respuesta por parte del PSOE o del PP a su solicitud de encuentro.

Nos decía Elena Solís que debemos empezar a tomar conciencia de que los atentados contra el medio ambiente son una forma de violencia contra las personas, porque la contaminación de la tierra, del aire y del agua, atentan contra la vida en su conjunto, también contra nuestra vida. Y es por eso que la ciudadanía debe organizarse y debe coordinarse para denunciar estas violencias. Una de las formas es la que estamos llevando adelante con las Plataformas ciudadanas, las manifestaciones y los actos reivindicativos, pero otra forma es haciendo propuestas legislativas desde la sociedad civil, ya que si en más de 40 años ningún gobierno ni partido político han visto la necesidad de hacer cambios legislativos en una ley obsoleta y preconstitucional, como es el caso de la Ley de minas, se hace necesario que la ciudadanía se empodere y, desde el conocimiento, la experiencia y el deseo lícito de un mundo mejor, exponga sus propuestas.

Esta propuesta de reforma de Ley reconoce la necesidad de la actividad minera, pero sin dejarnos manipular por los intereses económicos de unos pocos, y es también una llamada de atención a nuestros representantes.

Debemos ser conscientes de la nueva realidad de la industria minera, cuando la gran mayoría de las minas propuestas van a realizarse a cielo abierto (la forma de explotación más dañina para la salud de los ecosistemas y sus criaturas), por ello la Ley de Minas debería incorporar la normativa ambiental europea, así como establecer un procedimiento de consulta pública que sea transparente, con plazos razonables de entre 30 días a 3 meses para las reacciones ciudadanas, y promover la transparencia de los proyectos facilitando el acceso de forma fácil y eficiente, al contrario de lo que sucede en la actualidad.

Publicado por carmenibarlucea

Narradora (por escrito y de viva voz). Me gano la vida contando cuentos de la tradición oral pero también me gusta escribir mis propias historias. Activista por los derechos de las personas y de los animales.

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